ANUNCIO IMPORTANTE
Nueva York, Marzo 11, 2021
A LA OPINIÓN PUBLICA:
Respecto a información recibida por el uso indebido del nombre y logotipo de Fuerza Migrante por personas externas a nuestro movimiento; reiteramos lo siguiente:
Fuerza Migrante no está, bajo ninguna circunstancia, pidiendo dinero a nadie; ni a individuos, ni a empresas, ni a fundaciones o asociaciones, a nadie.
Todos los miembros que conforman el Consejo Binacional de Fuerza Migrante, realizan acciones a favor de la comunidad migrante de manera cotidiana. Lo hacen de manera voluntaria y ni solicitan, ni reciben retribución económica alguna por dichos esfuerzos.
Los gastos que pudieron haberse generado por las acciones que de forma exitosa coordinó el Dr. Daniel Tacher en la *demanda ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la defensa de las mexicanas y mexicanos residentes en el exterior, fueron sufragados en su totalidad por don Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante y quienes conforman nuestro movimiento también han donado su tiempo y recursos para diferentes acciones.
Aquellos miembros de Fuerza Migrante que participaron en el proceso judicial con demandas individuales, cubrieron todos sus gastos personales.
Solicitamos a la comunidad informar o reportar cualquier uso indebido del nombre de Fuerza Migrante o una acción engañosa por parte de personas que solicitan dinero o se hacen pasar por integrantes de nuestro movimiento.
————
*La demanda contra el INE fue respaldada por unanimidad el pasado 24 de febrero, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la autoridad electoral y a los partidos políticos a adecuar sus leyes y reglamentos para permitir que los mexicanos residentes en el exterior puedan competir por cargos de elección popular al Congreso Federal, a partir de los comicios de junio de 2021.
El fallo del TEPJF constituye la mayor victoria de derechos políticos de la comunidad migrante mexicana en su historia, y es un reconocimiento a la lucha que durante décadas han librado individuos y organizaciones civiles para que se reconozcan sus derechos político-electorales a nivel federal.