Posición de Fuerza Migrante sobre la reforma en materia de doble nacionalidad
Washington DC, 25 de septiembre de 2026. Fuerza Migrante reconoce el derecho y la responsabilidad del Estado mexicano de proteger su soberanía y establecer requisitos estrictos para quienes ocupan los cargos de mayor responsabilidad pública.
La reforma en materia de doble nacionalidad parte de un principio que compartimos: quien gobierne México debe responder a los intereses de México. La diferencia está en cómo se garantiza.
Consideramos que poseer otra nacionalidad, por sí mismo, no demuestra la existencia de intereses contrarios al país. Una sola nacionalidad no garantiza una sola lealtad, como una doble nacionalidad no demuestra una lealtad dividida.
La lealtad de quien gobierna no se determina únicamente por su nacionalidad. Los posibles conflictos de interés pueden estar en sus negocios, patrimonio, financiamiento, relaciones políticas o vínculos con gobiernos e intereses extranjeros. Esos riesgos pueden existir tanto en una persona con una nacionalidad como en alguien que posee dos.
Por eso sostenemos una distinción fundamental: Nacionalidad y conflicto de interés no son sinónimos. La Constitución mexicana ya reconoce esta realidad. El artículo 32 establece que la ley debe regular el ejercicio de los derechos de los mexicanos que poseen otra nacionalidad y fijar normas para evitar conflictos derivados de esa condición.
El reconocimiento de la doble nacionalidad tampoco surgió por casualidad. La reforma constitucional de 1997 respondió, en buena medida, a la realidad de millones de mexicanos que habían emigrado y necesitaban adquirir otra nacionalidad para ejercer plenamente sus derechos en el país donde residían, sin perder la mexicana.
Para millones de migrantes mexicanos, obtener otra ciudadanía significó poder votar, participar, trabajar y ejercer plenamente sus derechos en el lugar donde construyeron una vida. No significó dejar de ser mexicanos.
Hay otro elemento que debe formar parte de esta discusión: quien ocupa la Presidencia de la República o una gubernatura no gobierna solamente para quienes viven dentro del territorio nacional. También representa a ciudadanos mexicanos que viven fuera de México, muchos de ellos con doble nacionalidad, que conservan derechos, familias, patrimonio y vínculos económicos, sociales y culturales con el país.
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados establece la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto continúa su proceso legislativo. La discusión, sin embargo, ya comienza a extenderse.
En Tamaulipas, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal informó que se analiza la posibilidad de llevar un requisito similar a presidencias municipales y diputaciones locales. Por ahora se trata de una posibilidad en estudio y no de una disposición vigente.
Este planteamiento hace necesario preguntarnos hasta dónde debe llegar este criterio antes de extenderlo a nuevos cargos de representación.
Fuerza Migrante no fija esta posición para defender candidatos, partidos o personas que pudieran tener un interés electoral en el tema.
Tampoco cuestionamos la facultad del Estado mexicano de establecer requisitos especiales para quienes ejercen determinadas responsabilidades.
Lo que planteamos es que la doble nacionalidad no debe convertirse automáticamente en una presunción de menor lealtad, menor compromiso o menor mexicanidad.
Si el objetivo es impedir que intereses extranjeros influyan en quienes ejercen el poder, México debe contar con mecanismos más eficaces para identificar esos intereses donde realmente existan.
Y antes de ampliar restricciones a otros cargos públicos, consideramos necesario escuchar a los mexicanos que viven esta realidad binacional.
Durante décadas, México ha llamado a sus ciudadanos en el exterior a conservar sus vínculos con el país, participar, votar, invertir y contribuir al desarrollo de sus comunidades de origen.
No sería congruente valorar esa participación y, al mismo tiempo, asumir que una segunda nacionalidad pone por sí sola en duda su compromiso con México.
México debe proteger su soberanía con reglas claras y controles efectivos, no con presunciones sobre la lealtad de sus ciudadanos. Millones de mexicanos construyeron una vida en otro país sin dejar de pertenecer a México. Hoy su experiencia binacional forma parte de la realidad del país.
El reto no es decidir quién es más mexicano. Es establecer criterios que protejan a México sin desconocer al México que también existe fuera de sus fronteras.
